El vocero presidencial Adrián Ravier defendió este martes la derogación de la Ley de Tierras Rurales durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El funcionario rechazó que la medida pueda afectar la soberanía del país y sostuvo que busca favorecer inversiones de largo plazo y el desarrollo de actividades productivas.
La normativa, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Ese régimen fue derogado mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, bajo el argumento de que la Argentina cuenta con extensas superficies con potencial productivo que requieren capital para desarrollarse.
Ravier enumeró posibles destinos de esas inversiones, entre ellos "sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios". Según explicó, el objetivo es generar condiciones para que los recursos disponibles se transformen en mayor producción, empleo y actividad económica.
Qué dijo sobre la soberanía y las fronteras
El vocero buscó despejar los cuestionamientos vinculados con la soberanía y las zonas fronterizas. "Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural", afirmó.
Remarcó además que la derogación de la ley "no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras" y que esas áreas siguen bajo sus controles específicos. "Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción", sostuvo.
El funcionario también cuestionó la normativa derogada por considerarla contraria a la Constitución Nacional, al recordar que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos. "Son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias", señaló.
El trámite judicial sigue abierto
Las declaraciones de Ravier se dieron después de que la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia que había dejado sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación para promoverla. El máximo tribunal aclaró que esa decisión resolvió una cuestión procesal y no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154 del DNU 70/2023.
En paralelo, la discusión judicial sigue abierta: ese mismo martes la Corte Suprema dispuso convocar a dos conjueces para intervenir en otra causa que cuestiona la eliminación de los límites a la propiedad rural extranjera.
Ravier también advirtió sobre los intentos de la oposición de avanzar contra el DNU 70/2023. Consideró que dejarlo sin efecto significaría volver a un modelo marcado, según su visión, por regulaciones e intervenciones estatales que limitaban las decisiones de empresas y particulares.
Hacia el final de su exposición, resumió la postura del Gobierno con una definición: "La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad".
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