El juez Jorge Chamía desmintió la denuncia por acoso presentada por una empleada del tribunal y sostuvo que detrás de la presentación hay una maniobra para evitar sus obligaciones laborales. Sus declaraciones se dieron en medio de tensiones internas del tribunal por la cobertura de vacantes y movimientos de personal.
Una empleada que, según el juez, no concurre a trabajar
Chamía se refirió a la denunciante, identificada como la agente Galván. Según el magistrado, la empleada vive en Buenos Aires desde hace más de dos años y evitó presentarse a cumplir funciones mediante la acumulación de certificados médicos y licencias.
El juez también afirmó que conoció a la agente en una única ocasión, cuando se presentó junto a la secretaria en su despacho. Sobre la denuncia, dijo:
«La vi una sola vez que se presentó con la secretaria, vino a mi despacho y ahí la conocí. Cuenta esa historia inventada para lograr una medida cautelar de restricción geográfica, que es el objetivo».
Licencias y sanción disciplinaria
De acuerdo con la versión de Chamía, el departamento de medicina de la Corte Suprema dictaminó en diciembre pasado el alta médica de la agente, al considerar que no había impedimentos para trabajar. A partir de ese dictamen, según explicó, el tribunal buscó normalizar su situación de revista.
Ante la negativa de la empleada a reintegrarse o a someterse a nuevas revisiones médicas, el tribunal resolvió mediante acuerdos internos. Esto derivó en una sanción disciplinaria de 20 días que, según el juez, ya quedó firme tras la intervención de la propia Corte.
La causa penal
Chamía recordó que la denuncia penal recayó primero en el juzgado federal a cargo de Ariel Rafecas, quien se declaró incompetente. Luego la causa fue derivada a La Rioja.
Tras la radicación en la Fiscalía local, el magistrado se presentó de manera espontánea junto a su defensa legal para ponerse a disposición de la investigación.
Cambios en el Tribunal Oral Federal
El juez también se refirió a la polémica por los movimientos de personal en el Tribunal Oral Federal y descartó cualquier tipo de connivencia o irregularidad institucional. Explicó que los cambios se hicieron por escalafón, tras la salida de la doctora Daniela Herrera Piedrabuena, quien concursó en la Fiscalía.
La vacante que dejó la renuncia de la secretaria del tribunal, que asumió como jueza en Catamarca, fue cubierta con la promoción de la prosecretaria Alejandra Grimau.
Frente a cuestionamientos de otros magistrados por propuestas de designación externas, como las impulsadas por el doctor Quiroga Uriburu, Chamía defendió la necesidad de cubrir los cargos de jefatura de despacho con abogados relatores. Según dijo, lo amparan las normas vigentes que permiten promover al personal idóneo del escalafón.
Intereses externos
Por último, el magistrado sugirió la existencia de intereses que, según su mirada, van más allá del ámbito local. Afirmó que se habrían intentado imponer postulantes de sectores políticos y judiciales ajenos a la provincia, y cuestionó la intromisión de disputas gremiales nacionales en el funcionamiento del tribunal.
Para cerrar, Chamía dijo:
“Muchas veces las mujeres que realmente sufren estas cuestiones ven agravada la falsa denuncia por personas que hacen estas cosas”.
El juez reiteró su confianza en que la Justicia esclarezca la falsedad de los hechos denunciados.
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