El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena al Poder Ejecutivo cumplir con lo que establece la norma aprobada por el Congreso.
El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick y responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con esta decisión queda sin efecto el Decreto 759/2025, que había puesto en suspenso la aplicación de la ley.
La resolución judicial ordena el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin", según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El camino previo del conflicto
El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la ley en distintas instancias. Primero con un veto presidencial, que el Congreso rechazó al sostener la normativa con las mayorías necesarias.
Frente a esa derrota legislativa, el Ejecutivo dictó un decreto que establecía que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse "una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general".
Ante esa medida, el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de los puntos centrales de la ley. Entre ellos, la asignación de partidas para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Los argumentos del fallo
En su resolución, el juez Cormick sostuvo que el decreto del Gobierno "no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas".
Con este fallo, la Justicia Federal le marca un límite al Poder Ejecutivo en su intento de dilatar el cumplimiento de una ley que ya había sido ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
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