La Corte Suprema de Justicia volvió a poner en vigencia, de manera provisoria, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El Gobierno de Javier Milei celebró el fallo, conocido este viernes, porque considera que le quita fuerza al avance de la oposición en el Congreso contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La decisión del máximo tribunal es una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del decreto presidencial, con el que se había derogado la Ley de Tierras. Mientras sigue el proceso judicial, vuelven a regir de forma temporal los límites para que extranjeros compren campos en el país.
Según publicó La Nación, en la Casa Rosada reconocieron que el fallo reduce la presión política sobre el oficialismo, justo cuando distintos bloques opositores buscan concretar una sesión especial en la Cámara de Diputados.
"Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene", señalaron desde la Casa Rosada.
La preocupación del Gobierno pasaba por la posibilidad de que el peronismo, la izquierda y sectores aliados al oficialismo juntaran los votos necesarios para avanzar contra el DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas de Milei desde que asumió. El impulso opositor había crecido después de una resolución anterior de la Corte que dejó sin efecto, por cuestiones de procedimiento, una sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
Un argumento que pierde fuerza
Con el nuevo fallo, el Gobierno interpreta que uno de los principales argumentos que impulsaban el acuerdo entre distintos bloques parlamentarios quedó debilitado, ya que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros volvieron a estar vigentes. En Balcarce 50 creen que esto puede complicar la construcción de una mayoría opositora para rechazar el decreto en su totalidad.
Fuentes oficiales admitieron además que el Gobierno ya había perdido respaldo político en la discusión sobre eliminar los límites a la extranjerización de tierras, por lo que no ven conveniente insistir con esa modificación en el Congreso.
El fallo se adoptó con una mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con dos conjueces, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la medida cautelar. La resolución no define de manera definitiva si el DNU es constitucional, sino que establece una medida provisoria hasta que la Justicia Federal de Bariloche avance con el análisis del expediente.
En el plano político, el oficialismo también considera que la decisión podría generar diferencias entre los sectores opositores que habían encontrado en la defensa de la Ley de Tierras un punto en común para cuestionar al Gobierno. Por otra parte, desde la Casa Rosada rechazaron que hayan existido contactos previos con integrantes de la Corte Suprema por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, o del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
De esta manera, el Gobierno apuesta a que el fallo judicial reduzca la presión parlamentaria y le permita evitar una nueva confrontación legislativa, aunque la oposición mantiene abierta la posibilidad de avanzar con el tratamiento del DNU en Diputados.
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