La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El reclamo estaba vinculado con una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa atribuía presuntas irregularidades durante las primeras actuaciones de la investigación.
Por qué la Corte lo rechazó
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios y que no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución cuestionada.
La presentación había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, quien representó a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
Los cuestionamientos de la defensa
Los condenados cuestionaban las condiciones en las que se realizaron las declaraciones indagatorias durante las primeras horas posteriores al asesinato. Según la defensa, no se les habrían comunicado adecuadamente los hechos que se les atribuían ni las pruebas reunidas en su contra.
También pusieron en duda las circunstancias en las que se confeccionaron y firmaron las actas. Según el planteo, había inconsistencias en los horarios registrados y dudas sobre el cumplimiento de las formalidades previstas en el Código Procesal Penal bonaerense, es decir, el de la provincia de Buenos Aires.
A partir de esos cuestionamientos, Tomei promovió una denuncia penal por presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Entre los denunciados figuraban Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; y el juez de Garantías David Mancinelli, además de otros funcionarios judiciales.
Un recorrido judicial largo
La denuncia fue desestimada por falta de dolo, y tampoco prosperaron otros pedidos de prueba de la defensa. Desde entonces, el expediente pasó por distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema nacional.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores había permitido que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados dentro de esa denuncia, lo que les dio la posibilidad de intervenir formalmente como denunciantes. Sin embargo, la investigación no avanzó: la desestimación fue confirmada en distintas instancias y se rechazaron también los planteos posteriores, entre ellos los cuestionamientos al procedimiento de revisión.
En agosto de 2025, la Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de queja. En abril de 2026 denegó otra presentación extraordinaria. Finalmente, el máximo tribunal nacional desestimó el reclamo por deficiencias en su fundamentación.
Qué no cambia
La decisión no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Se refiere exclusivamente a la denuncia que los siete condenados habían promovido contra funcionarios judiciales.
Báez Sosa tenía 18 años y fue asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, luego de ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua como coautores del homicidio. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal al descartar la agravante de alevosía y mantener la del concurso premeditado de dos o más personas. Desde entonces, las defensas impulsaron distintos recursos. Este último rechazo es otro revés en ese recorrido, aunque corresponde a una causa independiente de la que se tramita por el homicidio.
Publicar un comentario