Cuatro años después de la tragedia aérea de Río Grande, que dejó cuatro muertos, el fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la elevación parcial a juicio de cinco integrantes del taller Air Delta S.R.L. Son los profesionales que estaban a cargo de la revisión y el mantenimiento del avión sanitario Learjet 35A.
El requerimiento fue presentado el 8 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación alcanza a los mecánicos J.G.G., M.A.V. y A.L.E., al inspector D.G.S. y al representante técnico R.O.A.B. Todos fueron imputados por accidente aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, en calidad de coautores.
La causa del accidente
Según las pericias, la Fiscalía identificó como causa central la falta de locking clips, o clips de bloqueo. Son piezas de seguridad que impiden que los tensores de los cables de interconexión de alerones se aflojen durante el vuelo.
De acuerdo con la investigación, esa falta provocó la desconexión de los cables y la pérdida de control de la aeronave durante el despegue. También se planteó que las vibraciones del vuelo habrían hecho que se desenroscaran los tensores.
La Fiscalía sostiene que las omisiones se dieron en dos órdenes de trabajo ejecutadas por Air Delta S.R.L., empresa dedicada a la reparación de aeronaves. Si los acusados fueran declarados culpables, podrían enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de prisión.
Las dos órdenes de trabajo cuestionadas
La primera intervención corresponde a la orden N° 1605, realizada el 28 de febrero de 2020, que incluyó tareas de tensado de los cables. Para el fiscal, el procedimiento no se completó porque no se instaló el clip de bloqueo.
Esa tarea fue asignada a J.G.G. D.G.S., en su función de inspector, debía verificar que se hubiera realizado correctamente. R.O.A.B., como representante técnico del taller, tenía responsabilidades de supervisión.
La segunda orden, la N° 1819, se hizo el 30 de noviembre de 2021. En esa oportunidad se revisaron los cables para constatar que no tuvieran daños ni desgaste, pero no se detectó ni corrigió la ausencia de la pieza de seguridad. Esa omisión se atribuyó a M.A.V., A.L.E., D.G.S. y R.O.A.B.
El ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, perito oficial que trabajó junto a especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyó que la falta de ese elemento fue determinante en el siniestro. En su informe final calificó la omisión como:
“falta gravísima, causante del accidente”.
El planteo de la Fiscalía
Rapoport sostuvo que la conducta de cada imputado debe evaluarse a partir de deberes de cuidado diferenciados y sucesivos dentro del taller. Por eso encuadró la imputación en las reglas de la autoría concomitante o concurrente, que se aplican cuando distintas infracciones individuales confluyen en un mismo resultado.
“No nos encontramos ante un deber de cuidado común u homogéneo, sino ante deberes objetivos de cuidado específicos, delimitados y sucesivos”, afirmó el fiscal en su presentación.
Además, rechazó el argumento de los acusados sobre una supuesta falta de claridad en el manual de mantenimiento. Según el fiscal, los mecánicos, el inspector y el representante técnico debían conocer la obligación de colocar los clips de bloqueo después de las tareas sobre los tensores.
Lo que pasó el 1° de julio de 2022
Ese día, el Learjet 35A de la empresa Flying America S.A. debía cubrir un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande hacia Buenos Aires. Luego de iniciar el despegue por la pista 26, la aeronave alcanzó pocos metros de altura y perdió el control.
Según los testigos citados en la causa, el avión se inclinó a la izquierda, se niveló por un momento y volvió a inclinarse hacia ese lado antes de caer. El impacto se produjo a unos 1.870 metros de la cabecera de pista y a 300 metros a la izquierda de su eje.
Los cuatro ocupantes murieron. Las víctimas fueron el piloto Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore, la enfermera Denise Torres García y el médico Diego Ciolfi. El avión quedó destruido e incendiado.
Durante la investigación se analizaron las grabaciones de cabina, las comunicaciones con la torre de control, el combustible, los motores, los reportes meteorológicos, las órdenes de trabajo y el historial de mantenimiento de la aeronave y del taller.
Situación procesal
El 20 de noviembre de 2025, los cinco integrantes de Air Delta fueron procesados sin prisión preventiva por el mismo delito por el que la Fiscalía pidió ahora el juicio. El 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esos procesamientos.
En cambio, la Cámara revocó la situación procesal del socio gerente de la empresa. Para él dictó la falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba.
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