La Cancillería argentina decidió iniciar un proceso de arbitraje internacional para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que avanza en las Islas Malvinas. El pedido incluye una solicitud de medidas provisionales para lograr una suspensión inmediata de las actividades mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La decisión llegó después de una evaluación interna entre equipos jurídicos y especialistas en derecho del mar, y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para presionar al Reino Unido, al gobierno isleño y a las empresas privadas que buscan explorar y explotar hidrocarburos en la zona.
Cómo funciona el reclamo
El camino elegido por la Argentina se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), vigente desde 1994. Ese tratado establece distintos mecanismos para resolver controversias entre países: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo; la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya; o un arbitraje especial con expertos técnicos.
Cada país, al adherirse a la convención, elige su ámbito de preferencia para dirimir conflictos. La Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras que el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia. Como las preferencias no coinciden, la convención prevé la creación de un tribunal especial para este caso puntual, con un árbitro designado por cada país y otros tres definidos de común acuerdo.
Formar ese tribunal puede demorar hasta seis meses, y todo el proceso, hasta conocerse el fallo definitivo, podría extenderse por años sin un plazo fijo. Por eso, mientras se arma ese tribunal, la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar —que sí es un organismo permanente— que dicte una medida cautelar urgente para frenar a Sea Lion mientras tanto.
Ese mismo tribunal fue el que en octubre de 2012 ordenó la liberación de la Fragata Libertad, retenida en un puerto de Ghana. El equipo argentino confía en que los jueces entiendan que el avance de Sea Lion pone en riesgo recursos naturales no renovables en una zona que las propias Naciones Unidas consideran en disputa.
El tribunal tiene un mes de plazo para resolver si dicta la medida provisional. También existe la posibilidad de que directamente se excuse de intervenir, si considera que se trata de un conflicto territorial y no de una cuestión vinculada al mar.
Desde el Gobierno reconocen que se trata de uno de los movimientos más audaces que la Argentina adoptó hasta ahora en el terreno del derecho internacional por la disputa de Malvinas. Si el resultado es favorable, podría transformarse en un antecedente clave para futuros reclamos sobre la explotación de recursos en la zona.
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