La oposición en el Senado de Argentina ha logrado reunir el quórum necesario para rechazar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, designados previamente por el presidente Javier Milei mediante decreto. Esta medida representa un golpe político significativo para el gobierno, ya que busca revertir las designaciones realizadas sin la aprobación del Congreso.
El interbloque de Unión por la Patria en el Senado expresó su rechazo al decreto presidencial, calificándolo como una "maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente". Además, señalaron que "es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento".
El interbloque de Unión por la Patria en el Senado expresó su rechazo al decreto presidencial, calificándolo como una "maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente". Además, señalaron que "es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento".
La situación se complica aún más debido al escándalo conocido como "Criptogate", que ha cambiado las condiciones políticas y ha llevado a que senadores peronistas reconsideren su apoyo a las designaciones. Una senadora de la oposición advirtió que, si el Senado rechaza las designaciones por decreto del Presidente, se abriría "un conflicto interpoderes sin precedentes".
Este episodio refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en Argentina, y cómo las decisiones unilaterales pueden enfrentar resistencia en un sistema democrático que valora el equilibrio de poderes.
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