María Virginia Jalil Colomé asumió como Defensora Pública Oficial y presentó formalmente su gestión al frente del organismo. En el acto brindó definiciones sobre el trabajo de la defensa pública y los desafíos que se vienen con el nuevo esquema procesal que regirá en la provincia.
La funcionaria llega con una trayectoria previa que incluye su paso como jueza, fiscal general en Catamarca y experiencia en el sistema acusatorio de Villa Mercedes, San Luis. Jalil Colomé remarcó que el objetivo central de la Defensoría es velar por los derechos de los ciudadanos dentro de un marco de absoluta legalidad.
Uno de los temas que abordó fue la articulación del trabajo interno junto al doctor Chumbita, que según explicó se dividirá de manera estratégica según las etapas del proceso judicial.
“No hacemos nada ilegal, no fabricamos pruebas, sino garantizar el derecho de defensa que prevé la Constitución Nacional”
La Defensora destacó que su oficina funciona como «multifuero», con una mirada generalista que abarca desde problemáticas de migrantes hasta amparos vinculados a la salud.
Acceso a la salud, un punto firme
En materia de derechos sociales, Jalil Colomé adoptó una postura firme respecto al acceso a prestaciones médicas y rechazó las negativas de cobertura por parte de las obras sociales.
“No concibo gente carenciada, sin acceso a prótesis, a intervenciones quirúrgicas, a acompañantes terapéuticos, porque en una obra social les digan que no”
Al referirse a la estructura interna de la Defensoría local, la funcionaria señaló que la encontró «impecablemente organizada» luego de interiorizarse en su funcionamiento.
El cambio hacia el sistema acusatorio
Jalil Colomé también puso el foco en el próximo hito institucional para el fuero: la implementación del Sistema Penal Acusatorio, prevista para el 8 de marzo. Se trata de un modelo que reemplaza al esquema procesal vigente y que la funcionaria ya conoce de cerca por su experiencia previa en San Luis.
Con más de dos años de trabajo bajo ese sistema, la Defensora lo describió como «agilísimo» y señaló que su implementación va a requerir una clara división de funciones dentro del organismo para optimizar la respuesta de la justicia hacia la ciudadanía.
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