Un inversor afectado por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA apeló el sobreseimiento que la Justicia dictó a favor de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados. Lo hizo apenas un día hábil después de conocerse la resolución y pidió que sea revocada para que la investigación continúe.
Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 carillas patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En el escrito cuestiona el proceder del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, y sostiene que la decisión se tomó sin agotar medidas relevantes para esclarecer los hechos.
Marchetto es el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la causa invocando su derecho a recurrir como "pretenso querellante". Su situación todavía debe ser definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene que decidir si lo reincorpora al expediente o si lo excluye de forma definitiva.
Críticas al juez y al fiscal
Según el recurso, el juez incurrió en "contradicciones" y "confusiones", hizo una valoración fragmentaria de las pruebas, omitió considerar otros elementos y fundamentó su decisión de manera aparente. El argumento central es que Martínez de Giorgi habría confundido la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos, es decir, habría concluido que las conductas no encuadraban en ninguna figura penal sin evaluar si los elementos reunidos alcanzaban para sostener una hipótesis delictiva.
En cuanto al fiscal Taiano, el inversor le atribuye haber ocultado información, demorado la producción de pruebas, omitido convocar a testigos y no pedido declaraciones indagatorias. También cuestiona que haya impulsado el sobreseimiento de los once imputados mientras seguían pendientes diligencias.
"Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", sostuvo Marchetto.
Entre las medidas pendientes, el recurso menciona la ampliación de las pericias telefónicas a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, identificados en la causa como los "cueveros" que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis. También señala que no fueron citados a declarar varios testigos, entre ellos Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera representante legal de Davis en la Argentina.
Comunicaciones y operaciones previas al lanzamiento
El expediente, según la presentación, contiene indicios que deben evaluarse en conjunto para determinar el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Uno de los ejes es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados.
De acuerdo con los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, y recibió una llamada del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.
Marchetto suma a esa cronología las operaciones registradas antes de que el activo se hiciera público. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje presidencial, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.
"Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo", destacó.
El inversor sostiene que esos elementos deben esclarecerse para establecer si hubo coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, qué pasó con las operaciones previas y cuál fue la intervención del Presidente. El recurso también apunta a los fondos movilizados después del lanzamiento y a quiénes captaron el dinero de los compradores.
Cuestionamientos al informe técnico
Otro capítulo del escrito se refiere al informe de la DATIP sobre los dispositivos secuestrados. Martínez de Giorgi había aludido a irregularidades examinadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración del informe. Marchetto rechaza ese razonamiento: sostiene que el sumario no acreditó que la empleada investigada compartiera documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado.
Además, el recurso señala que la fiscalía recibió el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados. Por eso, Marchetto pregunta por qué ese contenido no se comunicó a tiempo al juzgado y a las partes. "Sigue resultando cuanto menos curioso" conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, afirmó en su presentación.
La discusión procesal
Martínez de Giorgi apartó a Marchetto como querellante el 3 de julio pasado, decisión que confirmó la Cámara Federal. Su exclusión sigue bajo revisión de Casación, ante la que presentó una queja que todavía no fue resuelta. El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedan firmes antes de que Casación se pronuncie, una eventual restitución como querellante podría perder efecto práctico, porque volvería a una causa ya cerrada.
Para fundamentar su derecho a recurrir, citó el plenario "Zichy Thyssen", de 2006, que habilitó al pretenso querellante a interponer los recursos de competencia de Casación. También invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, como el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.
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