El Gobierno nacional afronta el último trimestre del año con un escenario económico más complicado. Se combinan la caída de la actividad, el aumento de la pobreza, las dificultades para conseguir financiamiento internacional y una inflación que por ahora no logra bajar de los niveles de los últimos meses.
Uno de los principales focos de atención es el riesgo país, que en septiembre tuvo una suba marcada y volvió a acercarse a los valores de fines del año pasado. Este jueves subió otro 2,2% y cerró en 578 puntos básicos, un número que encarece el acceso de la Argentina al crédito internacional.
Esa suba tiene un efecto directo sobre las cuentas públicas: por tercera vez, el Tesoro tendrá que refinanciar vencimientos sin salir a colocar nuevos títulos en dólares. La próxima operación está prevista para el lunes y el equipo económico buscará hacerlo con instrumentos en pesos o atados al dólar.
La dificultad tiene que ver con el costo de volver al mercado internacional: el Gobierno quiere evitar pagar tasas superiores al 10%, algo cada vez más difícil en un contexto de indicadores financieros deteriorados. El problema se agranda si se tiene en cuenta que el plan financiero de 2027 prevé colocar unos 5.000 millones de dólares en Bonar 29, un objetivo que con el riesgo país cerca de los 600 puntos aparece como un desafío considerable.
Provincias y empresas, también afectadas
La suba del riesgo país no golpea solo al Gobierno nacional: provincias y empresas también encuentran más difícil salir a buscar financiamiento, después de haber conseguido este año créditos internacionales con tasas cercanas al 8% y plazos de hasta una década.
Un caso concreto fue el de San Juan, que logró colocar su primer bono internacional por 600 millones de dólares, aunque con un rendimiento apenas menor al 10% anual, por encima del 9% que el mercado esperaba en un principio.
El contexto financiero también preocupa por su posible impacto en el mercado cambiario. Existe el riesgo de que la mayor incertidumbre lleve a más demanda de dólares o a un desarme de posiciones en pesos, lo que aumentaría la presión sobre el dólar.
La inflación no cede
A este panorama se suma otro problema: la desaceleración de la inflación parece haber encontrado un freno. El dato de agosto, con una suba mensual de 1,7%, había sido presentado por el Gobierno como una buena señal, pero los primeros relevamientos de septiembre muestran que sostener ese número no será fácil.
Según un relevamiento de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas subieron 1,7% durante la cuarta semana de septiembre, y la variación acumulada en las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. La consultora también detectó que aumentó la cantidad de productos con subas de precio.
Con este comportamiento, es difícil que el índice general de septiembre quede por debajo del de agosto. Para los próximos meses se maneja como posibilidad una inflación mensual de entre 1,7% y 2%, aunque todo dependerá de cómo se muevan los distintos componentes del índice. Una eventual suba de los combustibles podría sumar presión en octubre, no solo en las naftas sino también en el transporte, la logística y otros bienes y servicios.
El cuadro se completa con otro dato: el Banco Central redujo bastante su ritmo de compra de dólares. En septiembre, el promedio diario se ubicó por debajo de los 10 millones de dólares, lo que refleja el menor margen que tiene la entidad para sumar reservas.
Con la actividad en baja, la pobreza en alza durante el primer semestre, el riesgo país cerca de los 600 puntos y la inflación sin bajar del todo, el desafío para el equipo económico será atravesar estos meses sin que todo esto complique aún más el cierre de 2026 y el arranque de 2027.
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