Un tribunal de Estados Unidos autorizó al fondo Titan Consortium a empezar a buscar activos argentinos en el exterior para intentar cobrar una sentencia de 390.907.115,55 dólares. La deuda surge del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
La decisión la tomó la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una resolución fechada el viernes 25 de septiembre. Desde este lunes 28, los demandantes pueden iniciar las gestiones para localizar bienes que puedan quedar alcanzados por medidas de ejecución.
La autorización no significa que ya exista un embargo concreto ni que Titan Consortium haya cobrado el dinero. Lo que habilita es el comienzo del proceso para identificar activos y presentar pedidos de embargo ante los tribunales que correspondan en cada caso.
Qué dice la jueza
En los fundamentos de su resolución, Cobb consideró que ya pasó un plazo prudencial desde que se estableció la obligación de pago. La magistrada señaló que, durante los 21 meses transcurridos desde aquella orden, la Argentina aparentemente no hizo esfuerzos para cumplir con la sentencia.
La novedad fue difundida por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue de cerca los litigios que enfrenta el país en el exterior. Según explicó, el expediente de Titan está registrado en tribunales de Columbia y Nueva York, aunque los eventuales pedidos de embargo no necesariamente deberán presentarse en esas jurisdicciones.
El origen del conflicto
El litigio se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo control del grupo español Marsans. Los antiguos accionistas iniciaron un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial y que resuelve disputas entre Estados e inversores.
En 2017, el tribunal arbitral emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular esa decisión, pero el pedido fue rechazado en 2019.
Los derechos derivados del reclamo pasaron después al fondo Burford Capital y finalmente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante acciones ante la Justicia estadounidense para cobrar el laudo. En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia reconoció el laudo y estableció la condena contra la Argentina por 390.907.115,55 dólares, más los intereses posteriores a la sentencia.
La apelación argentina
La Argentina apeló esa decisión y sostuvo que el reclamo debía considerarse alcanzado por un plazo de prescripción de tres años, mientras que el tribunal de primera instancia había aplicado un plazo de 12 años. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó que el plazo aplicable era de 12 años, por lo que rechazó el planteo argentino sobre la prescripción y mantuvo la posibilidad de ejecutar el laudo.
De esta manera, quedó firme la sentencia por 390.907.115,55 dólares, más los intereses correspondientes. Ahora, con la autorización de la jueza Cobb, Titan Consortium podrá avanzar con la identificación de activos argentinos que eventualmente puedan ser objeto de medidas de ejecución en Estados Unidos.
El próximo paso será determinar qué bienes pueden ser alcanzados por los pedidos de embargo y presentar las solicitudes correspondientes ante los tribunales competentes.
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