
La crisis interna de la Asociación de Maestros Provinciales (AMP) sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la conducción del gremio llevara adelante una asamblea virtual pese a una suspensión judicial de diez días. Fabiana Ávila, titular de prensa del sindicato y referente de un sector en disidencia, adelantó que evalúan iniciar acciones penales contra la cúpula gremial.
Según explicó Ávila en diálogo con MEDIOS RIOJA, el conflicto lleva ya dos años sin resolverse, en medio de reclamos por la falta de respuestas a problemas cotidianos de las escuelas. La tensión se agravó a fines del año pasado, cuando la conducción intentó modificar el estatuto del gremio.
«En la asamblea de diciembre de 2025, la cúpula de la AMP pretendió modificar el estatuto y eliminar la figura de los delegados departamentales. Este proyecto se logró frenar, pero este año los ataques fueron evidentes, y personales», relató Ávila.
La referente aclaró que el reclamo del sector disidente no apunta a desconocer la historia del sindicato ni la figura de su titular, Rogelio De Leonardi.
«Nosotros confiamos en la historia del sindicato, que tiene mucha historia y no podemos negar lo que ha construido Rogelio, quien tiene nuestro total reconocimiento en ese sentido, y por eso no comprendemos este momento del sindicato, que es el que evita la participación de los delegados en las asambleas», sostuvo.
Una asamblea suspendida que igual se realizó
El conflicto escaló la semana pasada, cuando estaba prevista una asamblea que la Justicia había suspendido por diez días. Según Ávila, la conducción decidió avanzar de todos modos, de manera virtual y sin instancia presencial, y en ese encuentro se eligió una junta electoral.
«La asamblea de AMP fue suspendida por 10 días, prevista para el viernes pasado. Aun así, la cúpula hizo la asamblea, virtualmente, cerrando las puertas a la presencialidad. En esa asamblea, que yo le llamo ilegal, eligieron una junta electoral», detalló.
Frente a esta situación, Ávila advirtió sobre las consecuencias legales que podría tener avanzar con un proceso eleccionario en esas condiciones.
«Tienen que entender que lo que están haciendo tiene una penalidad. Están avanzando en una elección sin dar una verdadera participación democrática a los demás. Como docentes jamás podemos promover el desacato sino estaríamos llamando a un desacato total. Aquí hay que determinar responsabilidades penales, hacia eso caminamos», afirmó.
La dirigente remarcó que el planteo de la disidencia no busca cuestionar a las personas, sino señalar conductas que consideran contrarias al estatuto gremial y a la Constitución Nacional.
«Este no es un ataque a quienes estamos en disidencia con lo que resuelven, sino que hay conductas antisindicales, en contra del estatuto. Inclusive en contra de la Constitución Nacional», sostuvo Ávila.
Por último, se refirió a los cuestionamientos que suele recibir la conducción por la permanencia prolongada en la conducción del gremio.
«Siempre nos dicen ‘hasta cuándo De Leonardi’. Decidimos no personalizar esta cuestión. La perpetuidad en el poder, lo único que hizo es debilitar la mirada de la sociedad sobre los sindicatos. La defensa de una agrupación hace de un colectivo, tiene más fuerza que vaya Miguel o Juan a hacer un pedido particular. Es una preocupación que existe entre nosotros, a ver qué hacemos para limpiar ese nombre», concluyó.
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