La iniciativa que circula en ámbitos oficiales plantea exigir declaraciones juradas y ya genera rechazo en sectores de la oposición.
El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y distintos medios de comunicación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, en medio de versiones sobre un proyecto que buscaría obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas de bienes.
La idea, que comenzó a tomar forma en despachos oficiales, se enmarca en un clima de creciente confrontación con el periodismo, especialmente tras los cruces con el diario La Nación y las críticas dirigidas al vocero presidencial Manuel Adorni por su situación patrimonial.
Según trascendió, la propuesta ya habría sido acercada a algunos sectores del Congreso para evaluar su viabilidad política. En ese marco, legisladores de distintos espacios comenzaron a fijar postura, y desde la oposición anticiparon un rechazo a la iniciativa, al considerarla una forma de presión sobre el ejercicio del periodismo.
El contexto también incluye una fuerte actividad en redes sociales, donde cuentas afines al oficialismo protagonizaron episodios polémicos, como la difusión de datos personales de periodistas, lo que derivó en presentaciones judiciales.
En paralelo, la relación entre la Casa Rosada y algunos medios se tensó aún más en las últimas semanas, con restricciones en el acceso de periodistas a conferencias oficiales, en medio de cuestionamientos por coberturas críticas.
El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y distintos medios de comunicación sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, en medio de versiones sobre un proyecto que buscaría obligar a periodistas a presentar declaraciones juradas de bienes.
La idea, que comenzó a tomar forma en despachos oficiales, se enmarca en un clima de creciente confrontación con el periodismo, especialmente tras los cruces con el diario La Nación y las críticas dirigidas al vocero presidencial Manuel Adorni por su situación patrimonial.
Según trascendió, la propuesta ya habría sido acercada a algunos sectores del Congreso para evaluar su viabilidad política. En ese marco, legisladores de distintos espacios comenzaron a fijar postura, y desde la oposición anticiparon un rechazo a la iniciativa, al considerarla una forma de presión sobre el ejercicio del periodismo.
El contexto también incluye una fuerte actividad en redes sociales, donde cuentas afines al oficialismo protagonizaron episodios polémicos, como la difusión de datos personales de periodistas, lo que derivó en presentaciones judiciales.
En paralelo, la relación entre la Casa Rosada y algunos medios se tensó aún más en las últimas semanas, con restricciones en el acceso de periodistas a conferencias oficiales, en medio de cuestionamientos por coberturas críticas.
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